El martes 22 de marzo se desarrolló la segunda jornada de «Debate en la Universidad», el ciclo de debates televisados y producidos por la Universidad de la República (Udelar) con el apoyo de TV Ciudad, en el marco del referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC). El evento tuvo lugar en el estudio de TV de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) y fue moderado por los periodistas Leo Lagos y Rosina Mallarini. Los temas centrales a debatir fueron vivienda y educación.
En el debate sobre vivienda participó en favor del NO Tabaré Hackenbruch, subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, mientras que Valeria España, abogada especializada en derechos humanos y políticas públicas, debatió por el SÍ.
Los moderadores explicaron los artículos de la LUC que crean un nuevo régimen de arrendamiento sin garantía. Mientras que en el régimen con garantía los plazos para el desalojo van de seis meses a un año, en este los plazos son mucho menores: de 30 días por vencimiento de contrato y de seis días para los malos pagadores.
También se define qué se considera un mal pagador: son aquellos que se atrasen en el pago pactado tres días después de una intimación, mientras que en el régimen con garantía o de libre contratación este plazo es de diez días. A la vez se establece una nueva forma para notificar el desalojo (por telegrama colacionado) y plazos de expulsión más cortos.
Hackenbruch agradeció a la Universidad la oportunidad de mantener un debate e intercambio de ideas «que ayuda a formar el pensamiento crítico, un pensamiento laico desde todo punto de vista».
Aclaró que el Régimen de arrendamiento sin garantía vigente desde la aprobación de la LUC se suma a los ya existentes, «no deroga ni sustituye a los anteriores regímenes», sí introduce plazos de desalojo ante la posibilidad de alquilar sin garantías.
Esta no es la política del Ministerio sino que «es una herramienta más», expresó. El objetivo es que personas que hoy por diferentes motivos no pueden acceder a una garantía, puedan acceder a un alquiler. Se apunta a personas del interior que tienen que venir a estudiar en Montevideo, personas que están en el Clearing o que provienen del exterior, indicó Hackenbruch, que son las que muchas veces terminan en pensiones. Acotó que este régimen no ha sido muy aceptado por el mercado, en su opinión porque los propietarios están acostumbrados a contar con garantía de alquiler.
España destacó que la LUC niega derechos y libertades y le da la espalda a las mejores tradiciones del país: «el Estado se retira de áreas sensibles de la vida social» y en lugar de mejorar la vida de las personas, esta ley aumenta brechas y desigualdades, pone en mayor riesgo a los más vulnerables y «protege con especial énfasis a los sectores privilegiados».
Tiene un carácter «injusto, antidemocrático, antipopular», afirmó, desde que comenzó su tratamiento varias instituciones y organizaciones se han pronunciado contra su contenido y contra la forma en que fue aprobada, en plena crisis sanitaria y sin dar lugar a una instancia «auténticamente deliberativa», cuando plantea reformas estructurales que debieron ser abordadas de otra manera. Hoy debido a la pandemia conocemos «la importancia de lo público, de hecho Uruguay enfrentó la crisis sanitaria gracias a su fuerte matriz de protección social, que paradójicamente la LUC ideológicamente cuestiona», afirmó España.
En cuanto al Régimen de arrendamiento sin garantía «la mayor novedad son los plazos brevísimos para imponer desalojos». El déficit habitacional es una deuda pendiente en Uruguay, pero «un régimen de desalojos exprés no es ni será nunca una buena alternativa para mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en mayor dificultad para solucionar su situación de vivienda».
Agregó que de los 135 artículos que se someterán a referéndum este 27 de marzo, «34 corresponden a las condiciones procesales gravosas que se imponen, que niegan la posibilidad de una defensa adecuada» a los arrendatarios. España aclaró que no se busca derogar el régimen de arrendamiento sin garantía, sino justamente esos 34 artículos.
En respuesta, Hackenbruch señaló que España expresó muchos «preconceptos». El subsecretario resaltó que la LUC no recorta derechos ni libertades, un ejemplo es que «nadie te obliga a ir en este contrato». Tampoco hay «un retiro del Estado» sino una apuesta a un Estado responsable y eficiente en el gasto. Respecto al tratamiento y aprobación de la LUC dijo que «no se puede hablar de oscuridad» puesto que el proyecto se dio a conocer en febrero de 2020.
Por su parte España planteó que «si hay una población que se busca proteger porque está en una situación de mayor vulnerabilidad ¿cómo se puede entender que la propuesta sea precisamente un régimen de desalojo exprés?». Las condiciones procesales instaladas con la ley «exponen como nunca en la historia del país a inquilinas e inquilinos», afirmó, y por esta razón Uruguay ya ha sido observado por organizaciones internacionales.
No se debe olvidar que se cuestiona un proceso, a personas vulnerables y en condiciones de déficit de acceso a la justicia. Es difícil para estas responder en los plazos legales planteados, con lo que se agrega «un riesgo enorme» para estas personas de quedar en situación de calle. Al mismo tiempo la LUC en su artículo 14 criminaliza la ocupación indebida de los espacios públicos, recordó, estos debates «tienen que ver con el tipo de país que estamos construyendo y que nos merecemos».
España también aclaró que estrictamente en este tipo de alquileres «se aplica la garantía genérica» (artículo 2372 del Código Civil) por la cual el arrendatario responde por las deudas contraídas con todos sus bienes, por tanto en este caso el deudor podrá quedarse sin su heladera, su motocicleta u otros bienes por el estilo.
Hackenbruch indicó que los plazos se reducen justamente por la falta de garantías, y «en el mundo real» hay gente que verdaderamente no puede acceder a ellas, puntualizó, los más vulnerables terminan en una pensión o en un asentamiento. Reiteró que este régimen de arrendamiento agrega una opción y por tanto «aumenta las libertades». Señaló que el actual gobierno asumió constatando la existencia 650 asentamientos y un déficit habitacional de 70.000 viviendas, para lo cual su Ministerio lleva adelante políticas concretas, incluidas en la LUC. Para solucionar la temática de vivienda en nuestro país «tenemos que pensar en una inversión de 2500 a 3000 millones de dólares como mínimo», planteó.
Gobernanza y coordinación en educación
El debate sobre educación contó con la participación de Luis Garibaldi, maestro, ex director de Educación y ex Consejero de Formación en Educación, por el SÍ; y Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, por el NO.
Los moderadores plantearon los aspectos más destacados de educación en la LUC para orientar el debate e indicaron que esta ley contiene 34 artículos que refieren a cambios en esa área. La LUC establece que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) elaborará el compromiso de política pública nacional junto a los tres candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar el Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). También deberá elaborar el plan de política educativa nacional en el que se fijarán los principios generales y las metas de articulación entre las políticas educativas y otras políticas públicas, el plan será en coordinación y consulta con las autoridades de los organismos estatales autónomos de enseñanza. Anteriormente, tales políticas educativas eran definidas por los entes autónomos de enseñanza.
La LUC además establece cambios en la gobernanza de la educación, dentro de la ANEP los consejos de educación inicial, primaria, secundaria y utu, que tenían tres integrantes (uno de ellos representante de los docentes) son sustituidos por direcciones generales que son unipersonales y se elimina la representación docente directa. Según lo redactado en la ley, estarán a cargo de un director general que será designado por el CODICEN y los directores generales lo integrarán con voz pero sin voto. Asimismo, se introducen cambios al Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) y su comisión coordinadora, que antes estaba integrada por el MEC, la Udelar, UTEC, y ANEP. Según dispone la ley, el SNEP es eliminado y se crea el Sistema Nacional de Educación, esta comisión coordinadora está integrada agrega a los miembros anteriores representantes de la educación básica privada, educación universitaria privada, el INAU, INEFOP, formación policial y formación militar.
Garibaldi afirmó que estos cambios parten de «premisas falsas: la primera es que nosotros venimos de un deterioro de 15 años, es imposible sostenerlo con cifras». Recordó que en una encuesta que hizo el CODICEN el 87% de los padres que envían a sus hijos a la escuela pública dijeron que están satisfechos o muy satisfechos con la educación que reciben. Además «las soluciones que se plantean están lejos de enfrentar problemas que existen, como el egreso de educación media y superior». Se refirió así al artículo N° 127 de la ley, que elimina la extensión de tiempo pedagógico, una política desarrollada «con gran impulso en los gobiernos del Frente Amplio para 337 escuelas de tiempo completo». También enfatizó que la LUC establece que la educación en la primera infancia no es obligatoria, lo cual «es una mala solución que lo que hace es desestimular a las familias y desresponsabilizar al Estado de las medidas que va a tomar».
Schipani discrepó con Garibaldi e indicó que la educación pública en nuestro país «sufre un deterioro muy importante». Explicó que los niveles de aprendizaje se han venido deteriorando: las pruebas PISA de 2003 exhibieron mejores resultados que las últimas pruebas realizadas en 2018, en matemáticas, lenguas y ciencia. Ante esto, Garibaldi contestó que el estancamiento en las pruebas PISA es producto de que «hay muchos más jóvenes en el sistema educativo, eso lo dice PISA internacional».
El diputado agregó que el egreso de Secundaria es «el gran drama nacional», y señaló que en la medición de este indicador en países de América Latina Uruguay está «sólo adelante de Nicaragua y Guatemala, sólo 4 de cada 10 jóvenes terminan el liceo, y en zonas de contexto crítico, sólo 18 de cada 100». Sobre el cuestionamiento de Garibaldi acerca de la primera infancia, recordó que ésta nunca fue obligatoria.
También dijo que la reforma educativa no se hace a través de la LUC, a través de leyes, sino a través de la gestión, y «en eso está embarcada la ANEP». «La LUC sienta las bases para el cambio en la gobernanza, para hacerla más ágil, más dinámica, para poder adaptarla a los nuevos tiempos», afirmó Schipani. Sobre la gobernanza, Garibaldi expresó que «la eficiencia es más peso para los políticos y menos peso para los docentes. Menos autonomía, más dependencia de las decisiones políticas. Menos políticas de Estado, más políticas de gobierno». Se refirió así a la eliminación del SNEP y la creación de la Comisión de Educación Pública, que en 2020 «no se reunió nunca, en el peor momento de la pandemia (…), entonces tan urgente no sería».
El rol de los docentes
Asimismo, Garibaldi recordó que previo a la LUC, cuando se tomaban decisiones en educación, se hacía «con mucho más conocimiento, (…) teníamos consejos donde se discutía colectivamente con distintos puntos de vista, con puntos de vista técnicos. Hoy en día, lo que le pasa a los maestros es que se enteran de las decisiones del CODICEN por la prensa». Schipani contestó que si bien los directores generales participaban del CODICEN, lo hacían sobre los temas de su subsistema y ahora «participan de toda la deliberación, porque se enfoca la conducción de la ANEP desde una dirección única». El diputado destacó además los «cortocircuitos entre los consejos desconcentrados», en períodos de gobierno anteriores.
Garibaldi enfatizó que «se quiere hacer una reforma sin los docentes, contra los sindicatos y contra los docentes. Y señaló que se está cambiando el perfil de los docentes comunitarios sin consultar a los propios docentes». En contraposición, Schipani sostuvo que los sindicatos docentes son «el principal obstáculo del cambio educativo». Sobre la formación docente, Garibaldi señaló que en la LUC se afirma que habrá becas para dicha formación, pero ya existen desde 1996, y en 2015 se creó un Sistema Nacional de Becas que otorga 2279 por año. Además, puntualizó que actualmente solo las universidades privadas tienen formación universitaria en educación, por tanto las becas serían para estudiantes de educación privada y cuestionó que haya recursos para becar en instituciones privadas, que ya tienen la subvención correspondiente del Estado.
«La ANEP tuvo una disminución de ingresos de 80 millones de dólares en los últimos dos años; educación, cambio y transformación, pero sin plata. ¿Hay plata para las becas de las instituciones privadas? Si hay plata, que sea para los estudiantes de la educación pública», expresó Garibaldi. El diputado, por su parte, aclaró que el 98 o 99% de los egresados en formación en educación son del sector público y ellos serán los beneficiarios de esas becas. «En todo caso, podrá haber un 1% de estudiantes becados que estudian en universidades privadas y no tienen recursos, y podrán también acogerse en esas becas», explicó.
Schipani añadió que la LUC sienta las bases para el título universitario docente, a través de un mecanismo de acreditación que tendrá que reconocer el MEC. «Si queremos transformar la educación, tenemos que jerarquizar el rol de los docentes», dijo. Garibaldi contestó que el título universitario docente era parte de la propuesta de crear la Universidad de la Educación y recordó que el proyecto de ley para crearla no tuvo el apoyo del Partido Nacional cuando fue votado en el Parlamento.
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